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Artículo de opinión: “La Abogacía, imprescindible para la reactivación judicial”

Publicado en Diario de Cádiz: https://bit.ly/2BZLeWO

La Administración de Justicia no ha estado a la altura de las circunstancias en la crisis socio sanitaria provocada por el COVID-19. Como abogado duele reconocerlo; me habría encantado decir lo contrario, pero no sería sincero.

Es necesario que todas las administraciones e instituciones implicadas hagamos este reconocimiento sin ambages, públicamente, en voz alta, para conocimiento de los ciudadanos, a los que corresponde pedirle disculpas. Este debe ser el punto de partida para rectificar los errores, porque en otro caso no seremos capaces de recibir las lecciones que el estado de alarma debe dejarnos como aprendizaje, en todos los aspectos de nuestra vida, incluido el profesional.

Y tras el reconocimiento, resulta obligado hacer un ejercicio de reflexión y autocrítica para que cada cual analice su parte de responsabilidad, también la Abogacía, en la medida en que resulta parte esencial de la Administración de Justicia.

Ahora  bien, reconocida nuestra parte de culpa, la Abogacía no ha sido responsable de la decisiones que han llevado a la crisis del sistema judicial, sino todo lo contrario: ha sido una de las grandes perjudicadas, como bien conocen los miles de abogados que han continuado trabajando desde sus despachos o desde sus casas, atendiendo a sus clientes por todos los medios disponibles, mientras los Juzgados se encontraban cerrados, vacíos, sin personal alguno y, lo más grave, sin posibilidad de que Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios pudieran teletrabajar por falta de medios, algo que no ha sucedido en el resto de la Administración.

Esta crisis del sistema judicial no nace con el COVID-19, sino que lleva años arrastrándose ante el desinterés y la ineficacia de las distintas administraciones, que nunca se han planteado realizar las inversiones necesarias para que la Justicia funcione en España como servicio público esencial, de calidad, bien organizado, para que cada Juzgado no actúe como un reino de taifas, con la seguridad jurídica exigible de la actuación de los órganos judiciales.

El estado de alarma va a dejar secuelas en nuestros Tribunales, que  van a tardar años en superarse si los responsables de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no toman las medidas adecuadas, teniendo en cuenta los intereses de los justiciables, los intereses de los ciudadanos que acuden a los Tribunales, que a la postre son los grandes olvidados y serán los primeros perjudicados por esta situación cuando tengan que esperar años para celebrar su juicio. La solución es fácil, pero exige un esfuerzo y voluntad de llevarlo a cabo: inversión, reformas y organización. Así de sencillo.

Algunas de las medidas que se han adoptado han sido claramente contrarias a la Abogacía, como la habilitación parcial del mes de agosto (medida absolutamente ineficaz) o la  restricción impuesta por diferentes órganos judiciales para el acceso de los profesionales a las sedes judiciales, exigiéndoles cita previa,  tener que justificar el motivo de su presencia en el Juzgado o esperar en la calle, lo que constituye un gravísimo ataque al derecho de defensa y la dignidad del ejercicio profesional de la Abogacía que desde los Colegios de Abogados no vamos a tolerar.

Los abogados somos parte esencial de la Administración de Justicia, no unos meros colaboradores -como desgraciadamente piensan todavía desde algunos sectores del poder judicial- y defendemos en los Tribunales el interés más digno de protección, el interés de los justiciables, de los ciudadanos, que son los destinatarios de la acción de la Justicia; cualquier medida que limite o restrinja el acceso de los abogados a las sedes judiciales lesiona injustamente los legítimos derechos e intereses de los abogados en el desempeño de su actividad profesional, que debe realizarse con absoluta libertad e independencia, sin tener que dar cuenta alguna a los Juzgados y Tribunales del interés concreto que motiva su presencia en las sedes judiciales, que no es otro que la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, que no se puede coartar restringiendo la actividad de sus abogados.

Por esta razón, tanto el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados como la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz van a interponer los correspondientes recursos contra estas decisiones, adoptadas por diferentes órganos judiciales con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Sin contar con la abogacía no se puede reactivar la actividad judicial. Así no se hacen las cosas.

 

Pascual Valiente Aparicio.

Abogado

Decano Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz

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