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Comunicado del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz ante el impacto del COVID-19 en la Administración de Justicia

  • El Colegio de Abogados de Cádiz alerta que el COVID-19 puede
    originar una crisis del sistema judicial por falta de medios.
  • Rechazo frontal a la habilitación del mes de agosto.
  • Los abogados serán pieza clave en la recuperación económica.

1.- Desde el ICA de Cádiz queremos denunciar que la declaración del estado de alarma ha supuesto en la práctica una paralización casi total del sistema judicial español (salvo las denominadas actuaciones esenciales y urgentes), que ha puesto de manifiesto la insuficiencia de medios tecnológicos con los que se podría haber afrontado la crisis, lo que hubiera evitado la situación de colapso que se puede producir en los próximos meses, demostrándose la desigualdad de medios de la Administración de Justicia como servicio público respecto de otras administraciones como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

2. La situación se ha agravado porque los Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios no han contado con los medios necesarios que les hubieran permitido trabajar mediante conexiones en remoto con los sistemas informáticos judiciales para continuar con la actividad de los Tribunales, que no se reduce sólo a la celebración de actos judiciales presenciales -juicios y comparecencias-sino que conlleva la tramitación de los procedimientos, dictado y notificación de resoluciones, lo que habría permitido mantener una cierta normalidad en la actividad judicial, muy necesaria en una provincia como la de Cádiz, en la que tenemos partidos judiciales y órganos jurisdiccionales con retrasos gravísimos en la tramitación de procedimientos, con señalamientos judiciales a años vista, soportando cargas de trabajo muy superiores a los ratios recomendados por el Consejo General del Poder Judicial, lo que va a provocar que la situación resulte insostenible.

3.- La paralización del sistema de comunicaciones telemáticos LexNet hasta el 15 de abril, tanto para la presentación de escritos como para la notificación de resoluciones ha agravado todavía más la situación, limitando la capacidad de trabajo a los abogados y procuradores.

4.- En esta situación la medida de suspensión de los plazos procesales se valora muy positivamente, por razón de seguridad jurídica y salvaguarda del derecho de defensa ante las incertidumbres que ha supuesto el estado de alarma. Ahora bien, esta paralización representaba una oportunidad para que los Juzgados y Tribunales se hubieran puesto al día, reduciendo la carga de trabajo pendiente.

5.- La crisis sociosanitaria va a provocar una crisis del sistema judicial, que va a requerir la adopción de medidas organizativas y reformas procesales, para lo que resulta imprescindible contar con la Abogacía, como interlocutor entre los ciudadanos y la Administración de Justicia.

6.- El Consejo de Ministros del día 28 de abril ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que resulta insuficiente si no va acompañado de las necesarias inversiones en medios tecnológicos y del refuerzo de plantillas, pues difícilmente se va a superar la situación con los medios materiales y humanos actuales si previamente a la irrupción del COVID-19 se había demostrado su insuficiencia, porque la lentitud del sistema judicial español no es una cuestión puntual de la crisis sociosanitaria, sino un mal endémico de la Administración de Justicia, que ahora tenemos la oportunidad de reparar.

7.- Desde el Colegio de Abogados de Cádiz valoramos y apoyamos positivamente cualquier medida destinada a la agilización de los procedimientos siempre que no limiten el acceso a la tutela judicial efectiva, se salvaguarden todas las posibilidades procesales que derivan del ejercicio del derecho de defensa y se respete el necesario papel del abogado para el cumplimiento de la función de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

8.- Entre las medidas propuestas se contempla la habilitación procesal del mes de agosto, medida que la Abogacía rechaza frontalmente por considerarla totalmente contraproducente por dos razones: en primer lugar, por su falta de efectividad,
porque dará lugar a numerosas suspensiones por no haberse podido llevar a cabo las citaciones y por las incomparecencias a juicio de los justiciables, testigos, peritos, etc., lo que supondrá un retraso adicional; y, en segundo lugar, porque las vacaciones de todo
el personal judicial se extenderán a los restantes meses del año, especialmente de Julio a Septiembre, con lo que se ralentizará durante mucho más tiempo el ritmo de los Tribunales, que es justo lo que se pretende evitar. Por esta razón, desde la Abogacía se ha defendido la concentración obligatoria de todo el periodo de vacaciones estrictamente al mes de agosto de todos los profesionales que intervienen en la Administración de Justicia (salvando las actuaciones urgentes), lo que permitiría reducir y concentrar el impacto de la parálisis judicial.

9.- Se contempla también la reanudación desde el inicio del cómputo de los plazos y términos procesales suspendidos, lo que se valora muy positivamente por la seguridad jurídica que comporta.

10.- El decreto regula una serie de medidas organizativas que obedecen a criterios de seguridad sanitaria, como los turnos de trabajo de mañana y tarde, las limitaciones al acceso a los Juzgados y la celebración de juicios por videoconferencia. Aunque desde el Colegio de Abogados entendemos el sentido de esta medida, consideramos que es absolutamente imprescindible contar con la aceptación de los abogados para que se pueda celebrar el juicio a través de este sistema, para evitar cualquier menoscabo del derecho de defensa si el abogado entiende que los intereses de su cliente se pueden perjudicar si no se celebra el juicio de manera presencial, para lo que deberán adoptarse las medidas de seguridad oportunas. La celebración de juicio por videoconferencia no puede ser una imposición adoptada sin la participación del letrado, que es quien defiende los intereses de los justiciables.

11.- El decreto establece reformas procesales, estableciendo un nuevo procedimiento especial y rápido en el ámbito de derecho de familia, relativo al régimen de visitas y pensiones que se hayan podido ver afectadas por la crisis sociosanitaria, que consideramos muy necesario, aunque deberán salvaguardarse todas las garantías que aseguren que el juicio se puede celebrar con todas las pruebas y que la sentencia se redacte por escrito con motivación suficiente.

12.- El decreto establece la tramitación preferente de los procedimientos que, en los órdenes civiles, laboral y contencioso administrativo, estén especialmente relacionado con la crisis del COVID-19, en materias tan importantes como moratoria de hipotecas, arrendamientos, los recursos contra los actos administrativos que denieguen las medidas y ayudas de las Administraciones para paliar los efectos económicos del COVID-19, despidos o ERTEs, que valoramos muy positivamente, pero cuya eficacia dependerá de que se destinen los medios materiales y humanos para su tramitación y que, en ningún caso, podrán suponer la ralentización de los otros procedimientos.

13.- El decreto establece también importantes medidas en el orden concursal, dirigidas tanto a evitar la liquidación automática de las empresas por incumplimiento de los acuerdos de pago previstos en los Convenios de Acreedores como a la solicitud de concurso de acreedores por insolvencia de las empresas, estableciendo una moratoria de la obligación hasta el 31 de diciembre, medidas muy necesarias y que se valoran muy positivamente.

14.- Finalmente, desde el Colegio de Abogados de Cádiz queremos destacar el papel que han venido desarrollando los abogados durante esta crisis, asesorando y aconsejando jurídicamente a los ciudadanos y empresas en temas tan importantes como el derecho de familia, asuntos laborales como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, medidas económicas, contratos de trabajo, hipotecas, alquileres y, en general, todo lo relacionado con la incidencia de la crisis en el cumplimiento de los contratos. A partir de ahora, una vez que se normalice la actividad en la Administración de Justicia, el papel del Abogado entendemos que va a resultar todavía más necesario para la reactivación y recuperación económica de los ciudadanos y las empresas, no sólo para asesorar a los clientes, sino para intentar llegar a acuerdos con otros abogados, para alcanzar soluciones justas que resuelvan los conflictos jurídicos de la manera más rápida posible, para lo que va a ser necesario mucha negociación, muchos pactos y entendimiento entre las partes, asesoradas por sus abogados; y, cuando resulte necesario, defendiendo legítimamente sus derechos e intereses ante los Tribunales de Justicia.

15. A nivel institucional el Colegio de Abogados de Cádiz ha seguido manteniendo su actividad como servicio esencial, garantizando la asistencia letrada a través de las guardias diarias en todos los partidos judiciales, prestado de manera ejemplar por los abogados del Turno de Oficio, gestionando con las autoridades gubernativas, administrativas, policiales y judiciales la prestación del servicio en las mejores condiciones, atendiendo a la ciudadanía y a los casi 3.000 colegiados repartidos por toda la provincia, a los que se les va a bonificar la cuota colegial, facilitando la ingente información jurídica ocasionada por el COVID-19, realizando sesiones de formación on line, defendiendo sus intereses profesionales y prestándole el apoyo necesario en estos difíciles momentos.

COMUNICADO DEL ICA DE CADIZ ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (1)

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