El Colegio de Abogados de Cádiz revisa los 25 años de la Ley del Menor con los protagonistas del caso que marcó su origen

El Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz ha celebrado este miércoles la jornada formativa “25 años de la Ley del Menor: del crimen de San Fernando a la actualidad”, un espacio de reflexión imprescindible sobre la evolución de la justicia penal juvenil en España desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000. La jornada fue inaugurada y moderada por el decano del Colegio, D. José Adolfo Baturone Jerez, quien remarcó la importancia de analizar una norma que surgió “por la presión social y mediática tras hechos estremecedores como el crimen de la katana, el de Sandra Palo o el de Klara en San Fernando”.

Baturone recordó que la ley comenzó su andadura sin medios suficientes: “Sin equipos de psicología, sin programas de mediación, sin recursos técnicos. Pero se fue asentando y acabó marcando un cambio de paradigma”. Aclaró que el objetivo del encuentro no era “hacer una autopsia del crimen de Klara”, sino entender cómo se construyó y ha evolucionado una ley clave para la protección y la reeducación de los menores infractores.

La mesa de análisis estuvo integrada por cuatro figuras que vivieron de cerca el proceso judicial del caso de San Fernando, y que ofrecieron una visión plural desde sus respectivas funciones:

• D. José Ignacio Quintana Balonga, abogado de la acusación particular, relató cómo comprendió de inmediato la enorme complejidad del caso. Desde el primer contacto en el juzgado de instrucción, un auténtico hervidero, fue consciente del peso emocional y procesal que supondría. Recordó especialmente el momento en que las dos menores, al ser conducidas a una sala, comenzaron a cantar, proyectando una aparente falta de conciencia sobre la gravedad de los hechos. Quintana compartió la conmoción que sintió la familia de la víctima al conocer que la pena máxima sería de cinco años: “Ahí comenzó el debate social y jurídico que desembocó en una reforma”.
• D. Luis Miguel Pérez Matallana, abogado defensor, expresó cómo este caso lo interpeló primero como persona y luego como profesional del Derecho. “El mal existe, y es difícil afrontarlo. Pero incluso en los hechos más duros, el Estado de Derecho debe garantizar el derecho a la defensa”. Lamentó la fuerte presión social y mediática que rodeó al proceso, y señaló que intervenciones institucionales como las del entonces Ministro de Justicia complicaron aún más la labor de las defensas. Aun así, consideró que la ley, pese a haber nacido sin medios, “cumplió su función”.

• Dña. Virginia Alonso González, fiscal, abordó con profundidad la dificultad de trabajar con menores que son al mismo tiempo víctimas y victimarios. “Ambos te impactan, pero el fiscal debe guiarse por la ley, que es la herramienta para lograr una justicia eficaz y restaurativa”. Criticó duramente el juicio paralelo que se trasladó al entorno de las acusadas, recordando cómo incluso la hermana de una de ellas fue agredida en la calle. “¿Cómo educamos nosotros, los adultos, si hacemos eso? El proceso penal no puede ser venganza”. Recalcó que los menores deben tener la oportunidad de reparar el daño y aprender de sus errores antes de que se consolide su personalidad.

• D. Enrique Ramírez Manchón, magistrado encargado de ejecutar la sentencia, explicó las tensiones jurídicas a las que se enfrentó cuando debía decidir si las menores, ya alcanzada la mayoría de edad, debían ser trasladadas a prisión. “El problema no era solo qué hacer con dos personas concretas, sino demostrar si la ley funcionaba o no”. Expuso que recibió presiones institucionales y sociales en un momento clave: “Se estaban sentando precedentes. Lo importante era si la Ley Penal del Menor se consolidaba o fracasaba”.

La jornada contó además con la intervención del vicedecano del Colegio, D. Joaquín Olmedo Gómez, abogado especialista en menores, quien ofreció una contextualización jurídica y evolutiva de la ley. Subrayó la necesidad de seguir apostando por un enfoque equilibrado que combine responsabilidad, acompañamiento profesional y reinserción efectiva.

Con esta jornada, el Colegio de Abogados de Cádiz reafirma su compromiso con la formación continua, la reflexión crítica y la defensa de un sistema penal juvenil que, sin perder rigor, no renuncie a la posibilidad de educar y transformar.