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Comunicado: El Colegio de Abogados de Cádiz muestra su rechazo y malestar por las declaraciones del Ministro de Justicia sobre la habilitación de agosto

La  Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 20 de agosto de 2020, adoptó, por unanimidad de sus miembros, el acuerdo de emitir el siguiente COMUNICADO:

1.- Rechazar las declaraciones efectuadas en el día de hoy por el Ministro de Justicia en el Diario de Cádiz en las que manifiesta que la habilitación procesal del mes de agosto fue una medida adoptada por unanimidad; muy al contrario, dicha medida contó con el rechazo generalizado y expreso de la Abogacía y, específicamente,  del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y de este Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz. Se trata de una medida política, puramente demagógica, que no resuelve un ápice el atasco histórico de nuestros Tribunales, por lo que esta Junta de Gobierno traslada su enorme malestar por el hecho de que los miles de abogados y abogadas no puedan descansar durante este mes, tradicionalmente inhábil, a diferencia del derecho que conservan los funcionarios, jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia que se encuentran de vacaciones.

2.- Rechazar la actuación que están llevando a cabo numerosos Juzgados y Tribunales de nuestra provincia, que están procediendo a la notificación indiscriminada de resoluciones en toda clase de asuntos, sin razón de urgencia ni justificación alguna, que no solo está impidiendo el legítimo derecho al descanso de los Abogados, sino que está dificultando enormemente su actuación, perjudicando gravemente el ejercicio del derecho de defensa (de todos es conocido las dificultades que este mes de agosto presentan para cualquier gestión, dado que los Juzgados y la Administración se encuentran prácticamente cerrados, los justiciables y posibles testigos, peritos, etc, ilocalizables o de vacaciones).

No tiene ningún sentido que la actividad judicial se encuentre casi paralizada, con los Juzgados prácticamente cerrados, sin prestar atención al público ni a los profesionales, con la mayoría del personal judicial de vacaciones y, pese a ello, se notifiquen resoluciones judiciales (algunas dictadas hace meses o que debieron haberse dictado entonces) a los Abogados y Procuradores, negándoles la posibilidad de descansar en el mes de agosto. Con esta medida no se avanza absolutamente nada, porque después el asunto se va a quedar paralizado hasta que finalicen las vacaciones de funcionarios, jueces, letrados y fiscales, es decir, resoluciones que podrían notificarse perfectamente a partir del 1 de septiembre, sin perjudicar en modo alguno la efectividad de la justicia y el derecho a la conciliación de los abogados, que durante todo este duro periodo de pandemia han estado desde el primer minuto a disposición de la ciudadanía las 24 horas del día.

3.- Desde la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz entendemos que con esta medida se está produciendo una desconsideración intolerable hacia la figura de los Abogados, primero realizada por el Ministerio de Justicia, después por los grupos políticos parlamentarios que permitieron su aprobación, y finalmente por los propios Juzgados y Tribunales, que están celebrando actos judiciales y notificando resoluciones durante este mes de manera claramente innecesaria, en perjuicio de los Abogados, conculcando su legítimo derecho a la conciliación familiar.

Además, es obligado denunciar que actualmente existe en tramitación en las Cortes Generales un Proyecto de Ley que pretendía dejar sin efecto la habilitación de este mes de agosto, pero que, sin embargo, no ha podido aprobarse a tiempo precisamente por encontrarse en periodo vacacional el Senado, lo que resulta una auténtica incongruencia de nuestros representantes políticos.

4.- Rechazar el Proyecto de Ley de medidas  procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19  en el ámbito de la Administración de Justicia, actualmente en tramitación en el Senado,  que establece en su artículo 18 importantísimas limitaciones para el desempeño del derecho de defensa por los abogados, al establecer la atención a los profesionales por sistemas no presenciales, exigiendo incluso cita previa para acudir a la sede judicial, lo que resulta incompatible con la perentoriedad de los plazos que deben cumplimentar los abogados, en lugar de implantar efectivamente el expediente judicial digital.

Esta Junta de Gobierno considera esta propuesta legislativa una intromisión ilegítima que perjudica directamente el desempeño de la actuación profesional de los Abogados, cuya presencia ante los Tribunales y acceso a las sedes y expedientes judiciales no puede ser limitada de ninguna manera.

De igual modo se rechaza la posible generalización de la celebración telemática de juicios, que deberán celebrarse presencialmente, con la intervención de los ciudadanos asistidos de sus abogados constituidos en la sede judicial, ante el Juez bajo cuya inmediación debe celebrarse la vista del juicio, con la adopción de todas las medidas higiénico sanitarias precisas.

5.- La Junta de Gobierno del ICA de Cádiz quiere denunciar que con las medidas adoptadas y las que están en tramitación se está atentando gravemente al ejercicio del derecho de defensa, afectando negativamente el papel del Abogado, lo que desde este Colegio no se va consentir, por lo que en los próximos días se determinarán las posibles medidas a adoptar.

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