Diálogos

El Colegio de Abogados de Cádiz participa en los ‘Diálogos Institucionales’, organizados por el Ministerio de Justicia

El Decano, Pascual Valiente, exigió soluciones inmediatas para hacer frente al retraso que padecen algunos Juzgados, y rechazó que las reformas procesales en tramitación establezcan la celebración preferente de los actos procesales por medios telemáticos y los medios alternativos como presupuesto procesal.

La Fundación Cajasol ha acogido en la mañana de este viernes una nueva edición de ‘Diálogos Institucionales a los que ha sido invitado el Colegio de Abogados de Cádiz, con la representación del decano, Pascual Valiente, junto con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo y el presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Entre los temas abordados se han puesto sobre la mesa el RD Ley 3/2020 que ha dado luz verde a los juicios telemáticamente, dentro del horizonte Justicia 2020-2030 donde para la consecución de la eficiencia en Justicia es preciso la reforma normativa y tecnológica.

En palabras del ministro, Juan Carlos del Campo, “la implicación de la Justicia es una estrategia de país. Es una evolución que los ciudadanos lejanos de las sedes judiciales mediante el uso de las tecnologías puedan tener acceso a la justicia”, lo que supone una mayor flexibilidad con la articulación de los mecanismos precisos. “No se trata de una revolución, se trata de una evolución”, matizó.

Por su parte, Lorenzo del Río, hacía referencia a la concepción que la ciudadanía tenía de la Justicia. “Si preguntamos en la calle probablemente nos dirían que está politizada y que es deficiente y poco útil. Es lo que pensarían los ciudadanos, aunque no lo está, evidentemente, pero hay elementos que nos hacen vulnerables”. “Tenemos que ganar en credibilidad y que ese Consejo General del Poder Judicial se renueve. A su vez, defendió los medios adecuados de resolución de conflictos, que también son tutela judicial efectiva. “Somos un país muy propenso a la judicialización, cuando la mediación puede resolver en este proceso con la presencia de la abogacía”, añadió el presidente de TSJA.

En el turno de intervenciones, Pascual Valiente defendió que “la Abogacía parece que ve una realidad distinta a la que tiene el Ministerio, la realidad diaria del funcionamiento de nuestros Juzgados, que los Abogados conocen perfectamente, porque son quienes defienden los intereses de los ciudadanos ante los Tribunales.”

Valiente centró su intervención en tres ejes. En primer lugar, denunció la situación de retraso en los señalamientos de los juicios en determinados Juzgados, especialmente los del orden Social, que exige una solución inmediata, que no puede esperar a posibles reformas procesales.

En segundo lugar, Valiente se mostró muy crítico con la situación actual de las celebración de las actuaciones judiciales por medios telemáticos, tanto por su deficiente funcionamiento como por la falta de garantías que comporta. Para el Decano gaditano “Nos estamos acostumbrando a la normalidad de la anormalidad. El Ministerio estableció medidas excepcionales que dieron lugar a la celebración de los actos judiciales de forma telemáticamente, pero superada la excepcionalidad, habrá que volver a la normalidad. Defendemos la presencialidad de los juicios y que la celebración telemática sea una excepción, ya que se produce una merma en la calidad de la Justicia que recibe el ciudadano, afecta negativamente al derecho de defensa y se quiebra uno de los principios básicos del proceso como es la inmediación”. En este sentido, el Decano gaditano mostró su rechazo a la actual propuesta legislativa que contempla la celebración preferente de los juicios por medios telemáticos, reclamando que, en todo caso, sean los abogados quienes puedan decidir de común acuerdo si aceptan la celebración telemática, sin que, en ningún caso pueda venir impuesta por el órgano judicial.

Y, en el tercer eje de su intervención, Valiente señaló que los medios alternativos de resolución de conflictos deben concebirse siempre con carácter facultativo, nunca pueden ser disuasorios, impeditivos ni limitativos del legítimo derecho de los ciudadanos de acudir a los Tribunales asistidos de sus abogados, que son quienes asumen constitucionalmente el derecho de defensa de los ciudadanos dentro y fuera del proceso, en todos los órdenes jurisdiccionales, por lo que se opuso a que las reformas legislativas en curso puedan establecer acudir a estos medios como presupuesto previo del proceso.

 

 

 

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