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Manifiesto reivindicativo Día de la Justicia Gratuita

Hoy, 12 de julio de 2022, la Abogacía Española celebra, como todos los años en esta fecha, el  Día de la Justicia Gratuita, haciendo un llamamiento a  todos nuestros compañeros para conmemorar la altísima función de defensa de la ciudadanía que la Constitución Española confiere a los Abogados, como expresión de la función social de una profesión comprometida con nuestra sociedad, como lo han demostrado de manera ejemplar todos los Abogados en los difíciles momentos vividos desde la declaración de la pandemia, cumpliendo un servicio esencial para la ciudadanía, salvaguardando sus derechos en una situación tan excepcional como la que nos ha tocado vivir.

Por eso, queremos aprovechar este acto conmemorativo para reivindicar el papel fundamental de todos los Abogados de Oficio, por la función que desempeñan en el seno de un Estado como el español, que se define constitucionalmente como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y la igualdad; ni la libertad, ni la justicia, ni la igualdad estarían garantizadas si no se salvaguarda el derecho de los ciudadanos -de todos ellos, especialmente de los que carecen de recursos para litigar- a la defensa  por un Abogado de sus derechos y de sus libertades ante los Tribunales de Justicia.

Reivindicamos que las compensaciones económicas a los Abogados de oficio estén a la altura de la altísima función que desempeñamos, que se incrementen los Baremos, que se actualicen los módulos anualmente (no se hace desde el año 2009) y que se  incluyan en el Baremo todas las actuaciones procesales.

Pero hoy no sólo nos concentramos para reivindicar estas mejoras que en justicia nos corresponden; lo hacemos también en esta fecha para protestar pública y colectivamente por las graves consecuencias que para la Abogacía está suponiendo la pandemia más de dos años después, que está siendo utilizada como pretexto para limitar derechos fundamentales de los ciudadanos cuya defensa compete a los Abogados.

Esta situación debe ser corregida de inmediato para evitar los efectos perniciosos que durante este tiempo se han venido produciendo, el grave deterioro de la atención a los profesionales y a los ciudadanos en todas las Administraciones, especialmente grave cuando afecta a la Administración de Justicia, en la que han sido constantes los obstáculos que hemos venido padeciendo para el acceso a las sedes y oficinas judiciales, pese a que desde la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz hemos venido reclamando permanentemente la eliminación de las barreras para poder recibir la atención personal y presencial necesaria, obstáculos que se han instaurado en nuestra labor cotidiana en los Juzgados y Tribunales, encontrando cada vez más dificultades en el desempeño de nuestro trabajo como Abogados en defensa de nuestros clientes, que afectan muy negativamente a la dignidad de nuestra actividad profesional.

Elevamos nuestra voz para que la sociedad conozca que la Administración de Justicia, los Juzgados y Tribunales, nos han puesto muy difícil a los Abogados el desempeño de nuestra actividad profesional cerrándonos sus puertas, y, de este modo, cerrando sus puertas  también a la ciudadanía, porque no se puede olvidar que somos los Abogados quienes articulamos las pretensiones de los ciudadanos ante los Tribunales, somos su voz, somos los que les acompañamos en el Juzgado, los que velamos por sus intereses, los que defendemos sus derechos y libertades, los que pedimos justicia en su nombre.

Y nos hemos encontrado las puertas cerradas, con un mostrador vergonzante colocado en las puertas de las oficinas judiciales impidiendo el paso a los profesionales, teniendo que soportar  restricciones impuestas arbitrariamente, sin sujeción a norma alguna, por los diferentes órganos judiciales para el acceso de los profesionales a las sedes judiciales, exigiéndonos cita previa,  tener que justificar el motivo de su presencia en el Juzgado o esperar en la calle, lo que constituye un gravísimo ataque al derecho de defensa y la dignidad del ejercicio profesional de la Abogacía que resulta intolerable.

Los Abogados somos parte esencial de la Administración de Justicia, no unos meros colaboradores -como desgraciadamente piensan todavía desde algunos sectores del poder judicial- y defendemos en los Tribunales el interés más digno de protección, el interés de los justiciables, de los ciudadanos, que son los destinatarios de la acción de la Justicia; cualquier medida que limite o restrinja el acceso de los Abogados a las sedes judiciales lesiona injustamente los legítimos derechos e intereses de los Abogados en el desempeño de su actividad profesional, que debe realizarse con absoluta libertad e independencia, sin tener que dar cuenta alguna a los Juzgados y Tribunales del interés concreto que motiva su presencia en las sedes judiciales, que no es otro que la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, que no se puede coartar restringiendo la actividad de sus Abogados.

Una de las consecuencias que ha tenido la pandemia ha sido la pérdida de derechos y libertades de los ciudadanos, que lamentablemente perdura en el tiempo desde la declaración del estado de alarma, hace ya 28 meses, pese a las llamadas a la normalidad de nuestros gobernantes, que ha supuesto una peligrosa normalización de la pérdida de derechos; se ha normalizado que los ciudadanos no puedan acceder a la Administración a hacer valer sus derechos, se ha normalizado que los ciudadanos tengan que esperar en la calle sin poder acceder a una oficina de la Administración Pública, se ha normalizado que tengan que pedir una cita previa que no es atendida a tiempo, se ha normalizado que los ciudadanos sean atendidos de pie, en pasillos, sin el respeto que merecen.

La pandemia ha pasado de ser la causa (no justificada) al pretexto utilizado por la Administración, por todas las Administraciones, para limitar los derechos de los ciudadanos, los derechos que nuestras leyes les confieren.

Los gobernantes reclaman normalidad pero mantienen las puertas cerradas de la Administración a los ciudadanos, impidiéndoles el legítimo y efectivo ejercicio de sus derechos a través de sus Abogados.

La calidad del Estado democrático de Derecho se mide no sólo por la existencia de un régimen jurídico amplio que proteja los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino por la efectividad de su ejercicio a través de los Abogados, que ha sido claramente puesto en cuestión por todas las Administraciones en general y por la Administración de Justicia en particular.

Lo que caracteriza un Estado democrático de Derecho es la posibilidad que tiene la ciudadanía de hacer valer sus derechos y libertades frente a los poderes públicos, frente a las Administraciones; eso es lo que diferencia a los ciudadanos de los súbditos, pero lamentablemente todas las Administraciones, también la Administración de Justicia, les han dado la espalda, les han cerrado sus puertas.

Por eso hoy, protestamos, pedimos, reclamamos, exigimos que las puertas de la Administración, especialmente de la Administración de Justicia se abran de par en par a los Abogados y a los ciudadanos, y que no se vuelvan a cerrar nunca más.

 

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