Propuestas del ICA sobre el Plan de Choque tras el estado de alarma por el CGPJ

La Junta de Gobierno del ICA de Cádiz, en su reunión del día 10 de abril de 2020, acordó una serie de medidas en relación a las propuestas del Consejo General del Poder Judicial incluidas en el ‘Primer Documento de Trabajo sobre Medidas organizativas y procesales para el Plan de Choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma’, texto al que podéis acceder a través del siguiente enlace de la zona privada de la web: Página ICA Cádiz dedicada a COVID-19.

En todo caso, la Junta de Gobierno ha entendido conveniente adoptar el acuerdo de mostrar el más absoluto rechazo al documento del CGPJ en los términos que constan en el comunicado adjunto, por entender que las medidas propuestas conllevan, de manera directa o encubierta, importantes reformas procesales que afectan a plazos y días hábiles, cuantías de los procedimientos, régimen de recursos, limitaciones en la condena en costas, imposición de multas, etc., que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, limitando a los ciudadanos el acceso a los Tribunales, restringiendo el derecho de defensa o, en última instancia, afectando negativamente a nuestro ejercicio profesional como abogados, planteando incluso “habilitar el mes de agosto, con la racionalización -que no supresión de las vacaciones de jueces, fiscales y funcionarios”, omitiendo al resto de profesionales y en consecuencia ignorando el derecho a la conciliación familiar de los abogados, que resultarían claramente perjudicados.

Desde la Junta de Gobierno se entiende que las medidas adecuadas para superar las consecuencias de la paralización judicial son las propuestas por el Consejo General de la Abogacía Española, a las que se da respaldo expresamente (podéis consultar el documento en la web colegial).

El estado de alarma no puede ser el pretexto para reformas procesales que afecten a la tutela judicial efectiva, la salvaguarda del respeto a las garantías procesales -especialmente el derecho de defensa- o la función de los abogados ejerciendo el alto cometido de nuestra función de defender los derechos y libertades de los ciudadanos.

De este comunicado se dará traslado de forma urgente al CGAE, para su conocimiento y toma en consideración en las alegaciones que se formularán ante el CGPJ y al Ministerio de Justicia. Estas son los puntos clave:

1. Rechazar categóricamente las medidas organizativas y procesales incluidas en el Documento de Trabajo sobre el Plan de Choque elaboradas por el CGPJ, por entender que las mismas conculcan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, limitando -cuando no disuadiendo- a los ciudadanos para acceder a los Tribunales para la defensa de sus legítimos intereses, restringiendo gravemente el ejercicio del derecho de defensa y atentando a la dignidad de la alta función del desempeño de la
Abogacía.

2. Denunciar que desde el órgano de gobierno del Poder Judicial no se han adoptado hasta la fecha las medidas adecuadas que hubieran permitido continuar realizando tele trabajo desde los órganos judiciales, compatibilizando la notificación de resoluciones y la presentación de escritos a través del sistema Lexnet con la paralización de los plazos procesales, como medida imprescindible que hubiera
posibilitado minimizar el impacto de la paralización de las actuaciones judiciales.

3. Rechazar la utilización del estado de alarma como pretexto para pretender introducir reformas procesales de enorme calado como las propuestas o cualquier otra que afecten a la tutela judicial efectiva, la salvaguarda del respeto a las garantías procesales o la función de los abogados en el ejercicio del derecho de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. La paralización generalizada de los órganos judiciales durante el estado de alarma no es la causa determinante de las deficiencias de funcionamiento del sistema judicial, sino que obedece a otras causas que vienen arrastrándose durante años, exigiendo inversiones y reformas que deben ser objeto de debate riguroso con participación de la Abogacía.

4. Trasladar el respaldo de la Junta de Gobierno a las propuestas efectuadas desde el Consejo General de la Abogacía Española, por resultar las más adecuadas para el restablecimiento progresivo de las actuaciones judiciales, adecuándose a la realidad de nuestros Tribunales, desde el respeto a la tutela judicial de los usuarios de la Administración de Justicia, las garantías procesales y el derecho de defensa.